Mª José Campanario y Antonio Fernández

Si digo el nombre de Mª José Campanario, hasta el tonto del pueblo sabe de quien hablo, pero si digo Antonio Fernández García ni los más listos de la clase le ponen cara.

Mª José Campanario (junto con su madre) ha sido condenada a un año y once meses de prisión por un delito de falsedad en documento oficial por el que deberá abonar, además, una multa de 1.800 euros. A esta pena se suman cuatro meses de cárcel por el delito de estafa a la Seguridad Social en grado de tentativa. Hasta aquí todo bien, el que lo hace lo paga.

Antonio Fernández García, está imputado en el caso de los Eres fraudulentos de la Junta de Andalucía. Fernández fue consejero de empleo de la Junta entre los años 2004 y 2010. El consejero firmó un Expediende de Regulación de Empleo (ERE) de la empresa Gonzalez Byas en la que se incluía su propio nombre, sin estar en ese momento trabajando en la empresa. Lo "curioso" del caso es que la antigüedad que consta en el documento es la de su fecha de nacimiento. Resumiendo el Sr. Consejero firmó un Expediente de Regulación de Empleo para sí mismo en una empresa en la que no trabajaba y en la que se decía que había trabajado desde el mismo día en que nació. Eso se llama precocidad!

Pero el caso del Sr. Fernández no es un caso aislado, sino que forma parte de toda una trama de estafas sistemáticas a la Seguridad Social. Un gran enjuague. Como dijo un alto funcionario de la junta: "Casi setecientos millones de euros entregados a una agencia pública para emplearlos sin control administrativo, sin fiscalización previa. Un fondo opaco que necesariamente tenía que ser para operaciones opacas. Sólo la idea en sí ya es irregular. Qué digo irregular: es una perversión."

 En la investigación realizada por la Junta de Andalucía, y pese a no haberse investigado los llamados eres muertos, ya se han detectado 183 casos irregulares, de ellos 72 son personas que no habían trabajado nunca en la empresa de la que obtuvieron la prejubilación, mientras que en el resto de casos 111 se trataba de "discordancias administrativas". Es decir un fraude reconocido ya por la propia Junta de más de 9 millones de euros (1.500 millones pesetas). Y aquí no pasa nada!!

Es interesante ver la diferencia entre un caso y otro. Mientras que el caso de  una famosilla de tres al cuarto era amplificado al máximo por los medios de comunicación, sometida a escarnio público y sentenciada por el pueblo ya antes de ser juzgada (fue recibida en el juzgado en el que declaró al grito de ladrona! ladrona!) , el cargo público, gestor del dinero de los parados, queda oculto tras el manto de silencio, el apagón informativo de los medios afines. Así nos va.